Anabel Angus y Marco Antelo víctimas de una grave violación a su intimidad
Sacaron imagenes de camaras de su hogar
Anabel Angus y Marco Antelo, dos de las figuras más conocidas del entretenimiento boliviano, se han visto envueltos en un escándalo que no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de la privacidad digital, sino también la falta de legislación en Bolivia para abordar casos de violencia sexual digital. Ambos fueron víctimas de la difusión ilegal de un video íntimo, tomado de las cámaras de seguridad de su hogar en Santa Cruz, y compartido sin su consentimiento en redes sociales.
Este ataque a su intimidad fue realizado por personas inescrupulosas, que, al no tener ningún tipo de respeto por los derechos humanos de los demás, no dudaron en viralizar contenido altamente privado. Anabel y Marco respondieron a la situación con un comunicado contundente, en el que expresaron su más profundo repudio ante la violación de su privacidad, afirmando que no sentían vergüenza alguna, pues esa, según ellos, “pertenece únicamente a los autores materiales y a todos quienes fueron cómplices al compartir, comentar, banalizar y viralizar una violación a la privacidad de esta magnitud”.
El incidente no solo deja una marca en sus vidas personales, sino que también pone sobre la mesa un problema más profundo y preocupante: la violencia sexual digital. Lu An Méndez, directora del área de Violencias de Género Facilitadas por la Tecnología de la Fundación InternetBolivia.org, explicó en una entrevista que lo sucedido es un claro ejemplo de violencia sexual en el ámbito digital. Esto resalta la creciente preocupación en la sociedad, especialmente en un contexto donde Bolivia no cuenta con una normativa específica para tratar estos casos.
La falta de legislación en Bolivia: un vacío legal que afecta a las víctimas
A pesar de que la violencia digital está en auge, en Bolivia aún no existe una ley que aborde específicamente este tipo de crímenes. Según la experta, la pornografía es una de las figuras penales que podría aplicarse en estos casos, y la denuncia debería ser presentada ante el Ministerio Público. Sin embargo, muchas víctimas enfrentan barreras al intentar presentar sus denuncias, ya que algunos servidores públicos no brindan la orientación adecuada.
Además de la pornografía, dependiendo de las características del caso, las víctimas pueden denunciar por acoso, difamación o calumnia, delitos contra el honor que se ajustan a la naturaleza de este tipo de violencia. La Fundación Internet Bolivia ha alertado que este vacío legal está permitiendo que los casos de violencia digital crezcan, y aunque los incidentes sean reportados como pornografía o acoso, la falta de una normativa específica impide una adecuada reacción judicial.
El impacto de la violencia digital y la necesidad de medidas de protección
El caso de Anabel Angus y Marco Antelo no es un hecho aislado. La violencia sexual digital está en aumento en Bolivia, y la Fundación Internet Bolivia reporta que, entre 2021 y 2024, la violencia digital fue la principal consulta en su línea de ayuda S.O.S. Digital. De un total de 341 casos atendidos, el 30% correspondió a violencia sexual mediante Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que refleja una problemática creciente en la que muchas víctimas se sienten desprotegidas.
Lu An Méndez también advirtió sobre el daño irreversible que este tipo de violencia puede causar, ya que una vez que el contenido íntimo es subido a internet, pierde el control. Las consecuencias, como el acoso y la burlas públicas, pueden seguir afectando a la víctima a lo largo del tiempo, y no es raro que el contenido vuelva a ser compartido incluso años después de la difusión original.
El llamado a la acción: un sistema judicial más ágil y protección real para las víctimas
El caso de Anabel y Marco resalta la necesidad urgente de reformas legales en Bolivia que garanticen la protección de la privacidad digital de las personas. Las víctimas deben contar con mecanismos legales claros y eficientes que les permitan denunciar y protegerse ante ataques de este tipo, y, sobre todo, que los responsables de difundir contenido privado sin consentimiento sean sancionados.
En este contexto, la Fundación Internet Bolivia hace un llamado al Estado para garantizar medidas de protección efectivas para las víctimas de violencia digital, como la eliminación inmediata de los contenidos robados y la sanción a quienes continúan viralizándolos.
Este caso no solo debe ser un punto de inflexión para mejorar la legislación boliviana, sino también un recordatorio de la importancia de respetar los límites de la privacidad en la era digital. La solidaridad y la empatía deben prevalecer en todos los ámbitos, tanto en la vida real como en el mundo virtual, para garantizar una convivencia digital segura y libre de violencia.
